Espaldarazo legal en tiempos de pandemia (+Audio)

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Puerto Padre.- Desde que en marzo pasado la Covid-19 sentó presencia  en Cuba, las autoridades políticas y gubernamentales instrumentaron un conjunto de medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Todo ello con espaldarazo legal.

La máster en ciencias  y coordinadora de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Municipal, en Puerto Padre, Yantezy Abraham González, en declaraciones a Radio Libertad hace referencia a la Carta Magna,  los decretos y resoluciones ministeriales que sustentan las indicaciones e insisten  en la responsabilidad tanto individual  como colectiva.

Un artículo, de la también miembro de la Unión de Juristas, en el Municipio, permite el acercamiento al recorrido histórico del Derecho que enfatiza en la protección de las personas en tiempos de pandemia. La Constitución de la República marca pautas en ese sentido.

Al decir de la especialista a nivel de país, provincia y municipio las decisiones están debidamente fundamentadas desde el Derecho, cumplirlas y velar porque no se quebrajen  es deber cívico. 

La Ley, un medio de protección frente a la COVID-19

Por: Yanetzy Abraham González

La historia del estado y el derecho, en su propósito de regular relaciones sociales e imponer las ordenanzas que las reglamenten, nos muestra como desde sus orígenes, con el resurgimiento del comercio, el nacimiento de las ciudades y el desarrollo de comunidades agrícolas más densamente pobladas, proliferó una vida intensamente económica y con ello, comenzaron en el Medio Oriente, durante el período Neolítico, las epidemias causadas por los virus.

Desde entonces, las Leyes de Ešnunna, que datan del año 2300 a.C, trataron de regular cuestiones relativas a la rabia como epidemia.

En 1647, ante la primera epidemia registrada en América, John Winthrop, gobernador de la isla, aprobó las primeras leyes de cuarentena en América del Norte.

En Inglaterra y Gales, los padres que no vacunaran a sus hijos antes de los tres meses de edad podrían ser multados a pagar una libra, lo cual fue dispuesto por la Ley de Vacunación de 1853, luego la de 1898 abolió las multas y tomó medidas para poner una cláusula “objetora de conciencia”.

Por su parte, con la formación de los Estados Nacionales Europeos,  la ideología experimentó cambios que dejaron su impronta en la conciencia jurídica, cuya expresión más sistemática lo fue el Derecho Estatuario, donde de tal suerte, su campo de normatividad se extendía desde las cuestiones económicas y políticas trascendentes en la ciudad hasta las edilicias: orden público, higiene, policía, delitos y penas, etc.

De tal modo, el recorrido histórico por los anales del Derecho nos permite concluir que la intervención pública en los problemas de salud de la colectividad siempre fue un asunto de interés, expresado fundamentalmente en el control de las epidemias, o en disposiciones normativas que permitían las cuarentenas navales, el cierre de las murallas y la prohibición de las comunicaciones con las ciudades afectadas así como otro tipo de medidas que se suponían de carácter higiénico o paliativo.

Por tanto, también se han regulado en las leyes de cada Nación, las situaciones excepcionales que en el orden epidemiológico se presenten y el estado de emergencia, se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, entre estos los relativos a la libertad y seguridad personales, los de reunión y de tránsito. Durante ese estado las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.

En Cuba, ninguna de estas instituciones son ajenas al sistema político y legal del país, reconociéndose por la Constitución de la República en sus artículos 68, 69 y 72 el derecho a la salud y el deber del Estado de garantizar las medidas adecuadas para la prevención de enfermedades así como en su numeral 45, al disponer que: “El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”, o sea, que como expresamente quedara regulado en el artículo 90 del propio texto legal, el ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades, entre ellas, la de guardar el debido respeto a las leyes, a las autoridades y sus agentes, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social.

Asimismo, la Ley 41, de salud pública, del 4 de febrero de 1988, dispone todo lo concerniente a la lucha anti-epidémica, la inspección sanitaria estatal, la profilaxis higiénico-epidemiológica y la educación para la salud; regula las situaciones de emergencia (provocadas por epidemias y pandemias) así como la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones que dicte el Ministerio de Salud Pública y la imposición de multas administrativas y penales a los infractores de la legislación sanitaria, como acciones para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, que van desde el aislamiento de casos confirmados, presuntivos y otros posibles, aplicación de medidas cuarentenales a las personas susceptibles a determinada enfermedad transmisible y la obligatoriedad de exámenes de laboratorio sanitario, aplicación de sueros, vacunas, quimioprofilácticas y otros productos preventivos o terapéuticos (Artículo 64).

La Ley 75 “De La Defensa Nacional”, del 21 de diciembre de mil 1994, emitida por la Asamblea Nacional de Poder Popular, declara el estado de emergencia y otras situaciones excepcionales, sus efectos y su terminación, así como la organización y funciones de los Consejos de Defensa a todos los niveles, para la defensa del país desde tiempo de paz.

En el ámbito laboral, el Código de Trabajo (Ley 116/2013) reconoció la imposibilidad de laborar ante situaciones de desastres y de emergencia para evitar tanto la paralización de las labores, eliminar sus efectos o un grave perjuicio para la economía o peligro inminente para la vida.

El Código Penal, Ley 62 del 29 de diciembre de 1987, dentro del Capítulo V: Delitos Contra La Salud Pública, tipificó la Propagación de Epidemias en el Artículo 187, para las personas que infrinjan las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes, disponiendo  sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, e igual sanción para el que se niegue a colaborar con las autoridades. También se aplica el artículo 8.3 del Código Penal cuando el infractor posee buena conducta social y nunca haya sido sancionado.

Otras disposiciones del sistema de salud como el Decreto-Ley 54, Disposiciones Sanitarias Básicas, del 23 de abril de 1982 y el propio Decreto 139, “Reglamento de la Ley de Salud Pública”, facultan al  Ministro de Salud Pública para dictar las disposiciones pertinentes que procuren una mejor organización, funcionamiento y control del servicio higiénico-sanitario del país.

Entretanto, mediante la Resolución 215/1987 del propio Ministerio, que establece el Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal, se dispone reprimir a los infractores de las normas higiénico-sanitarias y anti epidémicas, por ello, entre las facultades “exclusivas” de los inspectores sanitarios estatales se encuentran: imponer multas administrativas,  exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes y aplicar otras medidas que van desde la cuarentena, la vigilancia u observación personal de contactos; la separación de personas o animales domésticos; establecimiento de cordones sanitarios; exigir el ingreso hospitalario obligatorio y cualquier otra acción que permita proteger a los individuos sanos.

El Decreto 272 “De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanismo”, protege entre otras cuestiones, la higiene comunal para la evitación o proliferación de epidemias.

Ciertamente, la ley ha previsto todas las medidas profilácticas, preventivas y hasta coercitivas para la contención de las epidemias u otras situaciones excepcionales que ocurran en el país, incluso las de impulso procesal de asuntos en sede judicial cuando la situación lo requiera, ejemplo de ello lo es la Instrucción 248 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispuso la “suspensión y detención temporal e inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso”.

Pese a lo dispuesto, que las leyes existen y la voluntad política de aplicarlas también, como se ha venido emprendiendo en el país, existen personas que de forma negligente e irresponsable, acometen acciones u omisiones que violan las normas vigentes y asumen el riesgo de enfermarse y enfermar a otros, pues todos tenemos la responsabilidad social y el deber de evitar perjudicar la salud de los individuos, valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar, analizar o de lo contrario, asumir las consecuencias de los actos o la responsabilidad jurídica que de las decisiones se deriven.

Es de lo expuesto, a mi juicio, que responsabilidad y conciencia social resultan ser,  un binomio insoslayable contra el Covid-19, pues todos tenemos el deber cívico de protegernos y el de conservar una vida sana para nosotros y el resto, conservando promisoriamente el recelo de mantener una separación prudencial entre cada individuo si de contagio se trata, ya que ninguna necesidad o carencia material está por encima de la vida, de la de sus familiares y de la comunidad. 

Rosa María Ramírez Reyes
Rosa María Ramírez Reyes

Periodista. Miembro de la UPEC.

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